Con Carlos Bravo Regidor

Artículo publicado en “El Universal”, el 23 de agosto de 2013, en referencia a una posición diferente del profesor Bravo Regidor acerca del Pacto por México.

Que no sirve el Pacto

Macario Schettino

La semana pasada le comentaba acá que, en mi opinión, el Pacto por México ha resultado un instrumento de negociación muy eficiente. Esta semana, todo parece conjurarse en contra del mencionado Pacto, de forma que crece el número de personas que piensan que el Pacto no sirve.

Primero, de tres leyes relativas a la educación (del INEE, ley general y carrera docente), una ya no llegó a la discusión. En parte, porque hay dudas de que esté bien hecha; en parte, porque los vándalos de la CNTE habían logrado un acuerdo con el PRD de que pospusiera ese tema, acuerdo que el PRI validó en el pleno. Se aprobaron dos ordenamientos de primer orden, y se pospuso otro que tenía defectos, dicen, producto de una mala conducción de la secretaría de Educación. En cualquier caso, la imagen pública fue de subordinación a la CNTE.

Después, la minuta del Senado en materia de Transparencia (IFAI), que no sólo traía el consenso de esa Cámara, sino también apoyo general entre los expertos, fue modificada por la comisión correspondiente en la Cámara de Diputados, aparentemente con muy malos resultados. Aunque al momento de escribir estas líneas hay dichos de líderes de la Cámara que aseguran que van a regresar a la minuta del Senado, la imagen pública es que hay un intento de destruir la transparencia.

Y a esto hay que sumarle el tamaño de los desmanes de la CNTE; la discusión de las iniciativas de la reforma energética; el anuncio de la reforma fiscal de la que al menos sabemos que incluirá un proyecto de pensión universal; el derrumbe del Estado en Michoacán y Guerrero; y para terminar, una economía atorada, que con un poco de mala suerte se empieza a contraer francamente en la segunda mitad del año.

Con la excepción de estas dos últimas dinámicas, lo demás es resultado directo o indirecto del Pacto por México: reformas en educación, sistema financiero, telecomunicaciones, transparencia, y las que vienen: electoral, energética y fiscal. Creo que deberíamos sumarle la laboral, aunque haya ocurrido antes de la existencia formal del Pacto, pero eso es discutible. En cualquier caso, vuelvo a insistir en que la cantidad y profundidad de estos cambios supera, sin dificultad, lo hecho en la LX Legislatura (2006-2009), que es la única que, desde 1997, pudo sacar algunas reformas de fondo, que por cierto fueron bastante malas. Posiblemente supere, como decía el viernes pasado, lo ocurrido desde 1997.

Esta perspectiva no es compartida por muchos colegas. En particular, el profesor Carlos Bravo Regidor discrepa por completo, porque sostiene que la transformación en México, desde 1970, es resultado del cambio social más que de los procesos políticos. Tengo mis dudas, porque de 1970 a 1985 fuimos en una dirección, de 1985 a 1997 en otra, y a partir de 1997 incluso estamos en otro régimen político (o en interregno, como suelo decir). Los cambios de 85 a 97, por ejemplo, ocurrieron en la esfera política antes de que la sociedad los entendiera y aceptara: es el caso del TLCAN y todas las modificaciones institucionales a su alrededor.

Pero tiene razón el profesor Bravo Regidor cuando me reclama el mal uso de la palabra consolidación en mi artículo del viernes pasado. Efectivamente, me equivoqué, y en donde dice “consolidación de la transición” debería decir “fin de la transición” o “consolidación de la democracia”. Ninguna de las dos me parecía adecuada para el concepto, pero la combinación resultó mucho peor.

Lo que el Pacto ha permitido, piensa el profesor Bravo, es “prolongar en el tiempo la coyuntura postelectoral: darle nueva vida a dirigentes partidistas cuyo ciclo ya estaba agotado, mantener débil y dividida internamente a la oposición, institucionalizar como normal un mecanismo extraordinario de negociación.” Pero si esto fuese cierto, entonces todos los cambios institucionales que listaba hace tres párrafos, ¿de dónde vienen? ¿de la voluntad presidencial? No creo.

El Pacto, insisto, no tiene diferencia significativa con las negociaciones que se llevan a cabo en cualquier Congreso, pero en éste la cabeza negociadora es el líder del partido y no el líder parlamentario. En muchos regímenes parlamentarios y semi-presidenciales, esos liderazgos confluyen en la misma persona. Acá, no hemos terminado de establecernos en un nuevo régimen, por lo que creo que el Pacto puede entenderse más como un anticipo de lo que viene más que como una extensión de la coyuntura poselectoral.

Falta mucho para que sepamos bien a bien qué ha significado este proceso, pero ya hoy debería ser evidente que estamos en una vorágine, algo muy diferente a lo que habíamos visto desde 1997.

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